Pero, ¿realmente el problema es la falta de recursos o es, más bien, la dificultad para integrarlos sin perder sentido ni propósito?
Por Marialejandra Puruguay. 02 febrero, 2026. Publicado en el diario El Peruano el 31 de enero del 2026Hay un par de frases que se repiten constantemente cuando se habla del sector cultural peruano, casi como un reflejo defensivo de quienes forman parte de este: “no hay suficiente presupuesto” o “no se asigna suficiente dinero”. Se arguye en mesas de trabajo, en los espacios institucionales y, especialmente, cada vez que el Perú entra en un nuevo ciclo electoral. Pero, ¿realmente el problema es la falta de recursos o es, más bien, la dificultad para integrarlos sin perder sentido ni propósito?
No es nuevo señalar que hablar de dinero en cultura genera incomodidad. Para algunos, hacerlo equivale a ‘mercantilizar’, ‘vender’ o incluso ‘traicionar’ aquello que, en esencia, es cultura. Sin embargo, esta oposición es falsa. La gestión cultural –aunque muchos se resistan a admitirlo– es también gestión económica. No haberlo asumido con claridad ha tenido costos altos: proyectos relevantes que no logran sostenerse más allá de una primera edición, instituciones que podrían ser más sólidas, dependencia crónica de fondos públicos o donaciones ocasionales, y una limitada capacidad estructural para sostener procesos en el tiempo.
En un año de elecciones, este debate debería ser un punto para tratar. Los planes de gobierno suelen incluir al sector cultural sí, pero casi siempre de manera declarativa: identidad, diversidad, interculturalidad. Las palabras suenan bien; sin embargo, es necesario volver a las preguntas de fondo: ¿las propuestas responden realmente a las necesidades de los territorios? ¿cómo se financian? ¿son sostenibles en términos conceptuales, sociales y económicos? Y, sobre todo, ¿qué modelo las sostendrá después de la campaña electoral? Sin estas respuestas, la cultura corre el riesgo de seguir siendo un accesorio en el discurso político, más cercano a la promesa que a la planificación.
Incorporar la sostenibilidad económica en la discusión no significa ‘vender la cultura’. Significa detenerse a pensar cómo una iniciativa cultural puede existir en el tiempo sin depender exclusivamente de la voluntad política de turno ni de fondos concursables. Implica diseñar nuevos modelos de gestión, explorar alianzas, generar valor social y económico de manera coherente y entender que la autonomía financiera es una condición necesaria para una gestión cultural sólida a escala nacional. Supone también reconocer que no se debe improvisar, es necesario planificar, con capacidad técnica y reglas claras.
En este punto, el sector privado no debería ser visto como una amenaza, sino como una posibilidad. Empresas, fundaciones, gremios y emprendimientos pueden desempeñar un papel clave en la sostenibilidad de proyectos culturales, siempre que existan reglas claras, incentivos adecuados y una visión compartida de impacto social. La inversión privada en cultura no debería limitarse a acciones filantrópicas, muchas veces aisladas, sino a integrarse a estrategias de responsabilidad social y desarrollo territorial e innovación, sin perder de vista el interés público ni los valores culturales a promover.
En tiempos electorales, la cultura suele quedar atrapada en dos extremos. Por un lado, el asistencialismo, en donde el Estado asume que debe financiarlo todo; por otro, una visión instrumental que reduce la cultura a recurso turístico u ornamental. En ambos casos, se pierde de vista que el sector cultural es estratégico: puede generar ciudadanía, cohesión social, empleo, innovación y desarrollo territorial si se gestiona de manera profesional y con visión de largo plazo.
El desafío, entonces, no es elegir entre ética y economía, sino aprender a articularlas. Una iniciativa cultural sostenible no es aquella que genera más ingresos, sino la que lograr equilibrar recursos, valores y propósito. Esto requiere de capacidades técnicas, políticas públicas coherentes y de líderes que comprendan que invertir en cultura no es un gasto simbólico, sino una decisión estructural vinculada con el desarrollo del país.
En un año de elecciones, sería deseable conocer qué marcos normativos se fortalecerán, qué incentivos se crearán, cómo se involucrará responsablemente al sector privado, cómo se impulsará la profesionalización del sector y de qué manera se garantizará que los proyectos culturales no dependan exclusivamente del ciclo político.
Seamos sinceros, el problema no es el dinero, es no saber –o no querer– integrarlo de manera responsable. Y esa decisión, aunque no se diga explícitamente, también se toma en las urnas.
